Autoconsumo Colectivo

Los plazos varían según potencia, modalidad (sin excedentes, con compensación o venta), tipo de conexión (red interior vs. a través de red) y la agilidad del ayuntamiento y la distribuidora. Como orientación: proyectos sencillos en baja tensión y ≤100 kW suelen tardar 1–3 meses (estudio, permisos municipales cuando proceda, acuerdo de reparto y tramitación con la distribuidora). Si hay compensación de excedentes, varias altas de CUPS, o potencias superiores/condiciones especiales, puede ampliarse a 3–6 meses. En casos con media/alta tensión, servidumbres, o RAIPRE, el horizonte razonable es 6–9+ meses. Los cuellos de botella más habituales son licencias municipales, punto de acceso/conexión y validaciones del acuerdo de reparto.

La obra en cubierta e integración eléctrica suele ejecutarse en 3–10 días laborables (según tamaño y número de puntos de consumo), seguida de 1–4 semanas para legalización final, verificación de contadores, activación de coeficientes y, si aplica, la activación de la compensación de excedentes con la comercializadora (que puede reflejarse en 1–2 ciclos de facturación). Planificar con margen y alinear desde el inicio a comunidad, instaladora, distribuidora y comercializadora ayuda a reducir tiempos y rehacer trámites.

En un edificio de viviendas, el autoconsumo colectivo puede tener distintos enfoques:

1.- Instalación básica: destinada únicamente a cubrir consumos de zonas comunes como escaleras, ascensores, garajes o trasteros.
2.- Instalación integral: además de los consumos comunes, también abastece a las viviendas y locales comerciales del edificio.
3.- Instalación flexible: solo una parte de los vecinos o comerciantes se beneficia de la instalación; basta con que un tercio de la comunidad apruebe su colocación en zonas comunes.

Otra opción es que un vecino individual adquiera su propio kit solar para uso personal con el respaldo suficiente de la comunidad, adaptándose a la normativa y a las posibilidades arquitectónicas.

En las instalaciones comunitarias, todos o algunos vecinos acuerdan instalar paneles solares, normalmente conectados a través de red pública mediante un contador bidireccional. El reparto de la producción se fija en un contrato con coeficientes acordados –por ejemplo, vecino 1: 0,5 (50%), vecino 2: 0,1 (10%), vecino 3: 0,4 (40%)-, que se comunica a la distribuidora y a la comunidad autónoma.

Permisos necesarios:

1.- Si la instalación beneficia a toda la comunidad, se requiere mayoría simple de propietarios que representen la mayoría de cuotas de participación.

2.- Si beneficia solo a una parte, basta con el apoyo de un tercio de la comunidad.

En un polígono industrial, el sistema puede adoptar múltiples configuraciones, dependiendo de los acuerdos entre propietarios:

1.- Una empresa con cubierta amplia instala paneles para autoconsumo y reparte excedentes entre empresas vecinas.
2.- Una empresa sin cubierta adecuada negocia con otra para colocar su instalación en la cubierta de esta última.
3.- Varias empresas financian conjuntamente una instalación ubicada en un espacio común, como la cubierta de un aparcamiento.

La conexión puede ser directa (red interior o línea directa, sujeta al reglamento electrotécnico y normativas locales) o a través de red pública, con contador bidireccional y reparto según contrato entre los participantes. En ambos casos, las condiciones económicas se definen en el acuerdo firmado y comunicado a la distribuidora y a la comunidad autónoma.

En urbanizaciones, pueblos o zonas de viviendas unifamiliares, el autoconsumo colectivo también es viable siempre que se cumpla uno de los tres requisitos básicos:

1.- Conexión en baja tensión.
2.- Distancia máxima de 2 km entre punto de generación y consumo.
3.- Coincidencia en los 14 primeros dígitos de la referencia catastral.

Las fórmulas más comunes incluyen:

1.- Un vecino comparte con otros su instalación fotovoltaica.
2.- Varios vecinos usan una ubicación común (como un edificio social) para instalar los paneles.
3.- Varias instalaciones se coordinan para abastecer todas las viviendas de la zona.

En todos los casos, los términos del reparto deben quedar reflejados en un contrato y comunicarse a la distribuidora y a la comunidad autónoma.