Claves de la nueva ley de cambio climático y transición energética
Pendiente de superar el último trámite en el Senado, la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética marcará las nuevas líneas a seguir por el Gobierno en esta materia.
A lo largo de diversas entradas del blog ya te hemos hablado de las claves de la nueva normativa de Autoconsumo Fotovoltaico (Real Decreto 244/2019) y de la normativa de autoconsumo española frente a otros países europeos o los cambios en el acceso y conexión a la red eléctrica (RD 1183/2020).
En este artículo te presentamos las principales medidas que incorpora la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
- 1 Ley de Cambio Climático y Transición Energética: Objetivos para el 2030
- 2 Apuesta por las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética
- 3 Reducción de combustibles fósiles y transición energética
- 4 Eliminación de emisiones en transporte y movilidad
- 5 Adaptación a los efectos del cambio climático
- 6 Apuesta por una transición justa
- 7 Recursos contra el cambio climático y para la transición energética
- 8 Más información para evitar riesgos
- 9 Educación investigación e innovación
- 10 Gobernanza y participación ciudadana
Ley de Cambio Climático y Transición Energética: Objetivos para el 2030
Con esta Ley se pretende alcanzar una serie de objetivos para el 2030, entre los que se encuentran:
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 23% respecto del año 1990.
- Alcanzar que el consumo de energías de origen renovable sea de, al menos, un 42%.
- Conseguir que, al menos, un 74% de la energía producida provenga de energías de origen renovable.
- Aumentar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5%.
Para ello, el gobierno utilizará herramientas como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a 2050. También se impulsará la digitalización de la economía, en el marco de la estrategia España Digital 2025.
Apuesta por las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética
Antes de que llegue el 2050, España deberá lograr la neutralidad energética. Esto implica conseguir cero emisiones de carbono. Y para ello, quieren que para ese año el 100 % de la energía generada provenga de fuentes renovables.
¿Cómo hacer esto? Pues su apuesta inicial es dar una mayor flexibilidad para integrar las energías renovables en nuevas concesiones, por una parte. Por otra, elaborarán un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación Urbana, con el que buscarán mejorar la eficiencia energética del parque edificado.
De esta manera, no habrá excusa para no pasarse al autoconsumo fotovoltaico. Te podrás beneficiar de la instalación de placas solares tanto si tu caso es de nueva construcción como si quieres rehabilitar para mejorar la eficiencia energética de tu vivienda o negocio.
Reducción de combustibles fósiles y transición energética
Cuando la Ley de Cambio Climático y Transición Energética entre en vigor, se acabaron dar nuevas autorizaciones y permisos para la investigación y explotación de combustibles fósiles y energía nuclear. Por tanto, adiós también al fracking y a la minería radiactiva. Habrá, además, cese de la producción de carbón nacional.
También se quieren acabar con las subvenciones para combustibles fósiles, salvo casos muy justificados en términos sociales, económicos o de falta de alternativas.
Y para fomentar la transición energética, se aprobarán planes específicos para fomentar los gases renovables (biogás, biometano, hidrógeno) y otros combustibles basados en materias primas y energía renovables, que permitan la reutilización de los residuos.
Eliminación de emisiones en transporte y movilidad
Para el 2050, el Gobierno pretende conseguir un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros que directamente no emitan CO2.
Salvo para los vehículos históricos no destinados a usos comerciales, se establecerán medidas para que en el 2040 todos los turismos y vehículos comerciales ligeros tengan emisiones de 0 g CO2/km, para lo cual se prevé apoyar la I+D+i.
La idea de Madrid Central se pretende extrapolar a municipios de más de 50.000 habitantes, así como a los territorios insulares. Para reducir las emisiones del transporte, tendrán hasta el 2023 para introducir medidas que faciliten esta transición.
También se introduce la obligatoriedad de instalar puntos de recarga eléctrica en estaciones de servicio que hayan vendido, al menos, 5 millones de litros entre gasolina y gasóleo A en 2019. Estos puntos de recarga contarán con una potencia igual o superior a 50 kW si la venta de litros se sitúa entre 5 millones y 9.999.999. Si las ventas llegan a los 10 millones de litros o los superan, serían 150 los kW a instalar en puntos de recarga eléctrica. Y si hay zonas geográficas donde no hay ninguna instalación de suministro que llegue a los 5 millones de litros entre diesel y gasolina, será la estación de servicio con mayor porcentaje de venta acumulada (de al menos el 10% de toda la zona), quien deberá instalar puntos de recarga eléctrica.
Una vez entre en vigor la normativa, las estaciones de servicio del primer grupo tendrán un plazo de 27 meses para prestar este servicio. Para las que igualen o superen los 10 millones de litros, el plazo será de 21 meses desde que entre en vigor la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Pero la instalación de puntos de recarga eléctrica también se introducirá en el Código Técnico de la Edificación. De esta manera, tanto los edificios de nueva construcción como los ya construidos, se verán afectados por estas medidas. De hecho, antes del 2023 todos los edificios no residenciales con aparcamiento de más de veinte plazas, deberán contar con una infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
Adaptación a los efectos del cambio climático
Además de reducir los efectos que tenemos en el cambio climático, la nueva Ley también tiene en cuenta que hay una serie de circunstancias o efectos con las que tenemos que convivir. Desde un planteamiento sectorial, busca generar indicadores que sirvan para conocer los impactos del cambio climático y cómo nos adaptamos a los mismos. Con ello, quiere facilitar el seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como de los riesgos.
Dado que para el cambio requerido no basta solo con el papel de las instituciones, la nueva Ley busca incentivar la participación de diferentes agentes (públicos y privados), especialmente del sector agrario y forestal. La idea es aumentar la capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono. Y para ello, se quiere apoyar la bioeconomía como herramienta para impulsar el desarrollo de las zonas rurales.
Sin duda alguna, la protección de la biodiversidad y sus ecosistemas es otro de los elementos que requieren de una atención especial. Conocer cómo se comportan los ecosistemas naturales, los caminos para restaurarlos y conservarlos, se convierte en una prioridad.
Apuesta por una transición justa
Con la Estrategia de Transición Justa, con una periodicidad de 5 años, el Gobierno busca mejorar resultados de la Transición Ecológica para el empleo. Para ello, se adoptarán medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a trabajadores y territorios en dicha transición. De esta manera, el gobierno muestra su interés en que todas las personas y las regiones puedan aprovechar las oportunidades que ofrece la transición energética.
Esta Estrategia se articulará a través de Convenios de Transición Justa. Pero para que estos tengan el impacto esperado, han de involucrar tanto al resto de administraciones (CCAA, entidades locales) como a agentes sociales y económicos. La intención es poder aterrizar la estrategia en acciones concretas que respondan a un determinado territorio o colectivo.
Recursos contra el cambio climático y para la transición energética
Los Presupuestos Generales del Estado destinarán un porcentaje equivalente al acordado en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, para lograr los objetivos planteados.
Los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero se destinarán a estos efectos. También se podrán dedicar hasta un 30 % de estos ingresos a medidas de incidencia social. De esta manera, se busca hacer frente a situaciones provocadas por la transición energética o consecuencia de la vulnerabilidad generada por los impactos del cambio climático.
Más información para evitar riesgos
Con la nueva Ley, las empresas estarán obligadas a calcular y publicar su huella de carbono. También deben trabajar en planes para reducir sus emisiones.
A su vez, se ofrecerán herramientas de aprendizaje y transparencia que tendrán un carácter obligatorio. Con ellas se busca contribuir a percibir y evaluar tanto los riesgos como las oportunidades de mejora, con el objeto de facilitar las decisiones de inversión.
Entre las medidas, se incluyen obligaciones de información para el sector financiero y grandes empresas. Las entidades financieras deberán publicar sus objetivos específicos de descarbonozación a partir del 2023, en línea con el Acuerdo de París. Algo similar ocurrirá con las empresas del sector energético, quienes estarán obligadas a elaborar una estrategia de descarbonización.
Educación investigación e innovación
En la transición energética es necesario un proceso de formación de la población. La nueva ley promueve incluir la materia de Educación Ambiental en los currículos. También promueve la capacitación para los empleos del futuro, dentro de una economía baja en carbono.
Igualmente, la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) contará con la financiación adecuada para avanzar en la transición energética.
Gobernanza y participación ciudadana
Una última clave de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética es su apuesta implicar a la sociedad civil en este reto. Esta implicación se basa en dos pilares:
Por un lado, se busca ampliar el conocimiento sobre los riesgos que el cambio climático supone para la economía del país. Para ello, se creará un Comité́ de Expertos de cambio climático y transición energética, de carácter independiente. Este será el responsable de evaluar el proceso, pudiendo hacer las oportunas recomendaciones sobre las políticas y medidas recogidas en la normativa. El Comité de Expertos deberá elaborar anualmente un informe que se debatirá en el Congreso de los diputados.
Por otro lado, los diferentes instrumentos generales que se adopten (planes, programas, estrategias, disposiciones), se materializarán a través de fórmulas abiertas que garanticen la participación, tanto de los agentes económicos como de los sociales interesados, así como del público en general.
Con esta Ley se aumenta el cuerpo de normativas que generan un contexto muy propicio para pasarse a las energías renovables. Si quieres ahorrar con energía limpia, no lo dudes, da el salto al autoconsumo fotovoltaico de la mano de Cambio Energético. Podemos asesorarte gratuitamente en todo lo que necesites para iniciar tu propia transición energética. Además de trabajar con las mejores marcas del mercado fotovoltaico, podemos ofrecerte nuestros servicios en todo el territorio nacional. Pídenos un presupuesto sin compromiso y gustosamente lo adaptaremos a tus necesidades.
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